Cuando la mentira se vuelve rentable: el desafío de la democracia digital

Paloma Durán y Lalaguna, José María Lassalle y Óscar Sánchez Alonso reflexionan sobre el impacto de las plataformas, la polarización y la desinformación en la democracia liberal, así como sobre la necesidad de recuperar el pensamiento crítico, la conciencia personal y una esfera pública asentada sobre hechos compartidos.

La democracia liberal necesita una opinión pública libre, sostenida por una prensa independiente, y espacios de deliberación en los que sea posible alcanzar acuerdos sobre políticas públicas. Sin embargo, durante los últimos quince años, la revolución digital ha ido erosionando ambos pilares. La crisis del modelo de negocio de los medios, la concentración de poder en las grandes plataformas, la economía de la atención y la creciente polarización dificultan la construcción de una realidad común sobre la que debatir.

Esta fue la premisa de la mesa redonda sobre democracia digital y polarización social celebrada en el marco de la Escuela de Verano organizada por la Conferencia Episcopal Española, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Moderada por Elena Herrero-Beaumont, directora de Ethosfera, la conversación reunió a Paloma Durán y Lalaguna, directora ejecutiva de la Oficina del Provost de IE University; José María Lassalle, profesor, escritor y especialista en filosofía política y poder tecnológico; y Óscar Sánchez Alonso, responsable de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.

El debate partió de una pregunta: ¿cuál es el cambio más profundo que la tecnología ha introducido en las dinámicas de la democracia representativa? Las respuestas apuntaron a un fenómeno que trasciende la mera aparición de nuevos dispositivos o canales: la transformación de la información en datos, de la atención en mercancía y de la mentira en una actividad económicamente rentable.

La tecnología también necesita imaginación moral

Paloma Durán comenzó recordando la ambivalencia con la que las principales organizaciones internacionales abordan la democracia digital. La tecnología puede favorecer la transparencia, la participación y la consolidación democrática, pero su desarrollo incorpora problemas éticos que no pueden resolverse únicamente desde la ingeniería.

Durán recurrió a una intervención reciente de uno de los fundadores de Anthropic para subrayar que los laboratorios de inteligencia artificial operan sometidos a incentivos que, en ocasiones, pueden entrar en conflicto con la voluntad de «hacer lo correcto». Por eso, sostuvo, son necesarias voces externas capaces de introducir consideraciones críticas y recordar que muchas de las grandes preguntas de la inteligencia artificial no pertenecen exclusivamente a las matemáticas o a la computación, sino también a la filosofía, la religión y las humanidades.

Entre esas preguntas destaca una especialmente relevante: qué entendemos por plenitud humana y qué futuro deseamos para las personas, las familias y la sociedad. Frente a una tecnología orientada fundamentalmente por la eficiencia, Durán defendió la necesidad de recuperar una «imaginación moral» que permita discernir no solo qué puede hacerse, sino qué merece la pena hacer.

También recordó la obligación de preguntarse por el impacto de estas transformaciones sobre las personas más pobres y vulnerables. El poder económico y tecnológico de la inteligencia artificial se concentra en un número muy reducido de empresas y países, mientras sus consecuencias alcanzan a toda la humanidad.

La democracia, por tanto, no depende únicamente del diseño de sus instituciones. Depende también del ejercicio de la responsabilidad moral por parte de las personas. La decisión individual de actuar de acuerdo con la propia conciencia, incluso frente a los incentivos o las presiones del entorno, puede acabar transformando una sociedad.

La desinformación como modelo de negocio

Para José María Lassalle, uno de los cambios decisivos se produjo cuando la información comenzó a interpretarse desde una lógica estrictamente mercantil. A partir de las últimas décadas del siglo XX se fue consolidando la idea de que la verdad y la mentira podían competir en igualdad de condiciones dentro del mercado de la comunicación y que sería la cuenta de resultados la que determinase su valor.

Esta transformación contribuyó a legitimar progresivamente la desinformación. Si una falsedad atrae audiencia, genera ingresos y mejora los resultados de una empresa, el mercado carece de mecanismos propios para penalizarla. Con la aparición de las plataformas, esta lógica no hizo sino intensificarse.

«La desinformación es rentable», afirmó Lassalle. Y lo es especialmente dentro de un modelo económico basado en capturar la atención y extraer datos de los usuarios. La información y la desinformación quedan reducidas a una misma categoría —el contenido— y fragmentadas en datos que permiten anticipar comportamientos, orientar el consumo y perfeccionar los sistemas de inteligencia artificial.

Los algoritmos no son, desde esta perspectiva, simples herramientas neutrales que ordenan contenidos ya existentes. Editorializan. Seleccionan qué ve cada usuario a partir de su huella digital y de los sesgos incorporados al sistema. Y tienden a privilegiar aquello que genera más reacción: el conflicto, el miedo, la indignación, el morbo o la violencia.

La polarización no sería así una consecuencia accidental de las redes sociales, sino un resultado coherente con su arquitectura económica. Cuanto más intensa es la reacción emocional, mayor es la permanencia en la pantalla, mayor el volumen de datos generado y mayor la rentabilidad de la plataforma.

Este modelo refuerza además una cultura individualista y narcisista en la que el usuario se relaciona con los demás desde la proyección de sí mismo. Las redes no están diseñadas para favorecer la colaboración, la aceptación de límites o la deliberación racional, sino para mantener a cada persona dentro de un entorno personalizado que confirme sus percepciones.

La consecuencia política es una progresiva erosión de la opinión pública informada. Cuando los hechos dejan de actuar como base compartida y son sustituidos por percepciones editadas algorítmicamente, se debilita la conversación democrática y se facilita el avance de los populismos y las formas autoritarias de poder.

Mentir es más fácil, barato y accesible

Óscar Sánchez Alonso introdujo un matiz esencial: muchos de los problemas asociados a la democracia digital no son completamente nuevos. La mentira, la propaganda, el acoso o la manipulación han acompañado siempre a las sociedades humanas. La tecnología, sin embargo, modifica su escala y sus condiciones de difusión.

Hoy es «más fácil, más barato y más sencillo mentir». Ya no es necesario disponer de un gran imperio mediático para fabricar y propagar una falsedad. Cualquier actor puede generar contenidos engañosos y distribuirlos a gran velocidad entre audiencias altamente segmentadas.

Pero señalar a las plataformas o a sus propietarios no basta para explicar el fenómeno. Sánchez Alonso insistió en la responsabilidad de quienes producen las falsedades y también de quienes deciden aceptarlas y difundirlas porque refuerzan sus propias convicciones. Las personas no son víctimas completamente pasivas del algoritmo: participan en la construcción de las cámaras de eco cuando solo buscan contenidos que confirmen aquello que ya creen.

Esta actitud se relaciona con otro rasgo característico de nuestro tiempo: la postverdad. A diferencia del mentiroso tradicional, que necesita conocer los hechos para poder falsearlos, la postverdad expresa un desdén hacia la propia existencia de una realidad verificable. Los hechos pierden relevancia frente a las emociones, las identidades o los relatos particulares.

Sin una base factual compartida, la deliberación se vuelve imposible. Una democracia puede albergar interpretaciones ideológicas muy distintas sobre los mismos acontecimientos. Lo que no puede sostener es que cada grupo disponga de sus propios hechos y considere irrelevante cualquier procedimiento de contrastación.

El riesgo de convertir el periodismo en activismo

La discusión prestó especial atención al papel del periodismo. La crisis económica de los medios y la dependencia creciente de modelos de suscripción generan nuevas tensiones. La financiación directa de los lectores puede contribuir a proteger la independencia frente a anunciantes o gobiernos, pero también introduce el riesgo de que las cabeceras adapten su relato a las expectativas ideológicas de sus suscriptores.

¿Qué medio está dispuesto a contradecir a quienes pagan por recibir una determinada interpretación de la realidad? Si el periodismo se limita a confirmar las convicciones de su comunidad, deja de ampliar el conocimiento del ciudadano y se convierte en una forma de activismo.

Sánchez Alonso defendió la necesidad de distinguir entre la labor periodística y la militancia partidista. La función del periodismo no consiste en proporcionar a cada grupo el relato que desea escuchar, sino en verificar los hechos, cuestionar al poder —también al poder con el que el periodista simpatiza— y mantener una distancia crítica frente a los propios prejuicios.

Esta exigencia se extiende al ciudadano. Una cultura democrática madura requiere personas capaces de reconocer una falsedad aunque proceda de su propio espacio ideológico, y de admitir un acierto aunque provenga del adversario. Envilecer al contrario, recordó Sánchez Alonso, es una de las formas más rápidas de envilecernos a nosotros mismos.

Jóvenes necesitados de referencias

Frente a una visión excesivamente pesimista de las nuevas generaciones, Durán defendió que los jóvenes no están condenados al narcisismo, la superficialidad o la dependencia de las pantallas. Lo que observa en las aulas es, sobre todo, una necesidad profunda de referentes.

Los jóvenes necesitan personas que les ayuden a leer, pensar, conversar y formular preguntas. Necesitan entrar en contacto con las grandes obras de la filosofía, la literatura, el cine, la música y la historia. No porque las humanidades proporcionen respuestas automáticas, sino porque ofrecen el conocimiento necesario para formar el juicio.

Durán recordó que la conciencia no consiste en una preferencia subjetiva, sino en un juicio personal capaz de aplicar principios universales a circunstancias concretas. Para que ese juicio sea verdaderamente libre, necesita formación. «La verdad no está en la autoridad; la verdad está en el conocimiento», señaló, evocando a Tomás de Aquino.

De ahí la importancia de la universidad. Frente a una educación reducida a acreditaciones, protocolos y competencias instrumentales, defendió la recuperación de una formación liberal capaz de enseñar «el arte de pensar, el arte de conversar y el arte de dialogar».

Solo quien posee convicciones puede ser verdaderamente tolerante: puede reconocer el valor que sus propias ideas tienen para él y, precisamente por eso, respetar las convicciones del otro.

Regular el algoritmo y educar para salir de la burbuja

¿Cómo reconstruir entonces una esfera pública compartida?

Una primera respuesta pasa por la regulación. Lassalle defendió que los algoritmos no pueden seguir tratándose como una propiedad industrial absoluta, protegida frente a cualquier obligación de transparencia o responsabilidad. De la misma manera que la propiedad privada incorporó durante el siglo XX una función social, será necesario reconocer una «función social algorítmica».

Esto implica someter la editorialización de las plataformas a límites democráticos, reducir los sesgos que generan cámaras de eco y exigir responsabilidades por los efectos que sus sistemas producen sobre el debate público. La tecnología no puede situarse fuera del alcance de las normas precisamente porque la democracia se define por su capacidad para producir reglas y límites compartidos.

Pero la regulación resulta insuficiente sin una transformación cultural. Durán añadió que salir de la burbuja exige recuperar el sentido del diálogo y de la escucha. Escuchar no es simplemente oír: implica la voluntad de comprender la posición del otro, reconocer la legitimidad de sus convicciones y aceptar que la propia mirada puede ser incompleta.

También las instituciones deben conservar la capacidad de examinar críticamente sus propios incentivos. Una universidad, un medio de comunicación, una empresa o una administración solo podrán contribuir a resolver los problemas de la democracia digital si quienes trabajan en ellas están dispuestos a preguntarse hasta qué punto su salario, su posición o su forma de vida dependen de no ver el problema.

El último reducto de la libertad

Pese a la dureza del diagnóstico, la conversación no concluyó en el determinismo. Durán destacó distintas experiencias académicas e intelectuales que están recuperando la centralidad de la persona, las humanidades y la naturaleza humana. Sánchez Alonso reivindicó la capacidad del periodismo y de la ciudadanía para introducir higiene en la esfera pública. Y Lassalle situó la resistencia última frente al poder tecnológico en la persona dotada de conciencia.

Ante el debilitamiento de la ciudadanía, la expansión de las democracias autoritarias y la concentración del poder digital, la conciencia aparece como el último reducto de la libertad: el espacio interior desde el que una persona puede negarse a aceptar la mentira, resistirse al automatismo y asumir la responsabilidad de su propia conducta.

La democracia digital no se salvará únicamente mediante mejores algoritmos ni con nuevas regulaciones. Necesitará también universidades que vuelvan a enseñar a pensar, periodistas capaces de contradecir a sus audiencias, instituciones abiertas a la crítica y ciudadanos dispuestos a escuchar aquello que incomoda sus certezas. En definitiva, el desafío no consiste solo en corregir una tecnología que polariza, sino en reconstruir las condiciones humanas, morales e institucionales que hacen posible una conversación democrática.